El debido proceso es un derecho y se refiere al conjunto de formalidades esenciales en cualquier procedimiento legal para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. En este foro invitamos a expertos en el tema, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos para dialogar sobre el estado actual y los retos del debido proceso en la 4T.
Incertidumbre por constantes modificaciones
Se ha obstaculizado el seguimiento conforme a la letra de la ley en un tribunal porque el proceso no es previsible. El proceso de juicio se ha modificado debido a que hay varias reformas y “no se sabe cuál es o será la letra de la ley por la movilidad del cuerpo normativo que nos rige”, expresó el profesor e investigador del CIDE, Javier Cruz Angulo Nobara. Lo anterior se puede observar en la reforma del Artículo 19 del código penal. La cual faculta al juez de control a aplicar prisión preventiva en diversos casos como el de delincuencia organizada, pero a nivel operativo sucede de otra manera.
El otro aspecto es la incertidumbre a nivel operativo de los agentes de procuración de justicia, sucede por que existen diversas formas de interpretación de las leyes, lo cual también impide tener certeza para proceder legalmente. Podemos ver diversos ejemplos que se interpretan de maneras distintas. En «el caso Emilio Lozoya«, lo que en teoría “debía suceder es la prisión preventiva, pero no se pidió, por eso no es previsible el actuar de la Procuraduría”. Se trata de un caso en el cual la Fiscalía General de la República (FGR) otorga un criterio de oportunidad. Esto lleva a que “el conjunto de normas del debido proceso es la interpretación de las mismas y cómo se va a proceder”, o en palabras de Tonatiuh Medina Meza, representante del PRI ante el INE en el Estado de México “cuando no se puede prever, tampoco hay previsión de justicia, porque no se puede armar la defensa”.
Se debe tener en cuenta que ciertas reformas son recientes, por ende es necesario “dejarlas madurar, antes de descartarlas”. En palabras de la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Pilar Ortega Martínez, “se deben perfeccionar los procesos en la búsqueda de un modelo eficiente, que baje los índices de impunidad”, partiendo de la premisa de que es indispensable la profesionalización y garantizar la capacitación del capital humano para lograr los cambios que se esperan.
Falta de autonomía de las fiscalías entorpecen el debido proceso penal
La exsenadora de la república Angélica de la Peña expresó la urgencia de salvaguardar la autonomías de las fiscalías para fortalecer el debido proceso legal. «Seguimos en un modelo en el cual las fiscalías locales son nombradas por gobernadores, lo cual podría traducirse en conflictos de intereses».
Pilar Ortega Martínez señaló la imputación de prisión preventiva a Emilio Lozoya por el “Caso Odebrecht” donde el Ministerio Público es titular de la posibilidad de llevarla a cabo, pero “compromete su autonomía y el proceso está a la vista de todos, ya que es parte de la narrativa del actual presidente”. Tonatiuh Medina Meza agregó el caso de 2017 con el entonces fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, quien en entrevista dio a conocer una parte del cuadernillo de investigaciones por lo que fue cesado de sus funciones políticas y ahora es titular de inteligencia financiera. Con respecto a la Fiscalía General de la República, cabe aclarar que era una prioridad dotarle del principio de autonomía para que se ubicara más allá de cualquier otro poder, sobre todo del Ejecutivo.
Hacia un debido proceso penal
Con el fin de motivar la discusión, el moderador Antonio Vázquez planteó una serie de preguntas a los invitados en el marco de la coyuntura actual de Emilio Lozoya y Rosario Robles. Subrayó que existe parcialidad en el manejo de los casos que salen a la esfera pública y mantienen intereses políticos.
Al respecto, Rodolfo de la Guardia planteó que no hay que dejar de lado la urgencia de una regularización constitucional. Debido a todo el el contexto de irregularidades, “si se deja impune al amigo las violaciones al debido proceso seguirán, por ello se apuesta a que sea un proceso de carácter humano”. «La democracia es lo que debemos cuidar y salvaguardar todos, para que se haga un debido proceso, para generar un mejor proceso legislativo, no sólo como un contrapeso, sino para generar mejores políticas públicas», finalizó Tonatiuh Medina Meza.
Agenda ciudadana de Futuro 21
En Futuro 21, consientes de la aproximación del proceso electoral de 2021, impulsamos nuestra agenda ciudadana en temáticas que permean las políticas públicas. Este es el caso del derecho a la justicia a través de un debido proceso. Te invitamos a conocerla y revisar los temas que hemos tratado anteriormente: Política migratoria; Fortalecimiento institucional; Desaparición forzada.
