Es responsabilidad del Estado Mexicano, atender y resolver la emergencia y catástrofe sufrida en el estado de Guerrero; especialmente la que ahora atañe al puerto de Acapulco.
Al Gobierno en sus tres niveles, por mandato de la legislación federal de Protección Civil, se le obliga a alertar, atender y atemperar los daños resultados de desastres naturales como el recientemente sufrido en dicha ciudad tras el paso del huracán OTIS. Por ello, partiendo del entendido de que catástrofes como ésta no pueden evitarse, señalamos que las pérdidas en vidas y daños materiales pudieron y debieron reducirse mediante un responsable ejercicio de las tareas de las autoridades competentes.
Hoy, situados en la realidad del desastre ocurrido, hacemos votos para que la reactivación de servicios básicos como agua, luz, salud, suministro de bienes y servicios, líneas de distribución, telecomunicaciones, servicios bancarios y de comunicación carretera, sean reactivados a la brevedad, sin distingos políticos, con transparencia y futura rendición de cuentas. Para nuestros gobernantes es un mandato ético y legal otorgar las herramientas necesarias, así como fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil, de los Consejos Estatales y Municipales de Protección Civil, irremplazables para la atención de las necesidades surgidas y alertamiento de futuras emergencias.
En el mismo tenor, es obligado realizar un ejercicio de autocrítica sobre la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales, cuyo monto, así como el de otros instrumentos que el Estado Mexicano había celebrado, fue destinado al gasto de infraestructura que difícilmente generará beneficios a la ciudadanía mexicana, pero que ahora se disfraza de ampliación presupuestaria a un puñado de Secretarias de Estado.
Dado que los acontecimientos de esta naturaleza exigen de la participación integrada de la sociedad en su conjunto, exhortamos al Gobierno Federal a que los mecanismos de atención y reconstrucción se realicen sin sesgos políticos ni cargas partidarias, con el acompañamiento permanente de la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y la colaboración de otras naciones que decidan contribuir como un acto humanitario.
Futuro XXI hace un llamado a la unidad, que nos permita dejar de lado las diferencias políticas y sociales en el esfuerzo por la recuperación de Acapulco.
