El gobierno ha ido desmantelando por la vía administrativa las instituciones, proyectos y políticas de la Transición Energética. Primero canceló los proyectos de líneas de interconexión del Sistema Eléctrico Nacional con Baja California y con el Istmo de Tehuantepec, infraestructura esencial para el desarrollo de una red eléctrica integrada capaz de acoger una proporción creciente de generación distribuida de origen limpio o renovable.
Canceló igualmente las subastas de energía limpia, instrumento crucial para promover la inversión privada en fuentes renovables, la competencia, y precios más bajos para los consumidores. Más adelante pervirtió e inutilizó en los hechos el mercado de Certificados de Energía Limpia, mecanismo eficiente y poderoso para inducir mayores inversiones y uso de electricidad proveniente de fuentes renovables. Igualmente ha envilecido a las entidades autónomas del sector energético, como la Comisión Reguladora de Energía, nombrado titulares sin experiencia ni conocimientos.
Ahora, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), y la propia SENER, pisoteando la legalidad en materia de competencia económica y mejora regulatoria, e invadiendo facultades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), han emitido acuerdos en materia de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, a través de los cuales pretenden prohibir las pruebas operativas de centrales eléctricas renovables, y en la práctica bloquear su operación y despacho.
También, otorgan facultades discrecionales al CENACE para despachar centrales eléctricas sin respetar el orden económico, para favorecer a las plantas de combustóleo, y para negar a placer el acceso a las redes de transmisión a cualquier generador, mientras que la SENER se abroga la facultad exclusiva de interpretar su propio acuerdo. Todo lo anterior, se intenta justificar falazmente y sin sustento técnico u operativo por medio del argumento de la contingencia sanitaria.
Es algo sin precedente en el mundo
Estas decisiones arbitrarias y retrógradas tienen en realidad dos motivaciones. La primera son los bajos costos operativos de las centrales eléctricas renovables (solares y eólicas) – su costo marginal cero – por lo que son despachadas de manera prioritaria y dejan fuera económicamente a las centrales de CFE de combustibles fósiles. En el contexto de una caída en la demanda de electricidad por el colapso económico, el gobierno quiere evitar la competencia. Pretende poner en funcionamiento plantas obsoletas, ineficientes y contaminantes a combustóleo, con el pretexto de la estabilidad del sistema eléctrico en términos de voltaje y frecuencia, acusando a las renovables de intermitencia.
En México, las energías renovables contribuyen con un 7% de la generación total de energía. En Alemania, Dinamarca, Italia, California, Texas, y en varias provincias chinas y en muchos otros países la penetración de las renovables va del 15 al 50% sin afectar la estabilidad del sistema eléctrico. La entrada de plantas de combustóleo en lugar de las renovables va a impactar severamente en los costos, incluso de la misma CFE (Suministro Básico). Todos lo vamos a pagar vía impuestos y tarifas eléctricas más elevadas.
La segunda es el exceso de oferta de combustóleo por parte de las refinerías de PEMEX y la pretensión del gobierno de refinar más, lo que, además de implicar mayores pérdidas económicas, generará más combustóleo, que ya casi nadie quiere en el mundo por los altos niveles de contaminación que genera. Dar salida a ese combustóleo es una clave en sus delirantes planes energéticos. Recordemos que el combustóleo es un residuo de la refinación del petróleo, y uno de los combustibles más sucios y contaminantes que existen, más cuando tiene un alto contenido de azufre, como es el caso mexicano (4% en peso).
Pero el mayor costo de esta absurda decisión será en términos de salud pública. El combustóleo es la fuente más importante de partículas contaminantes PM2.5 que impactan en forma directa en morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cerebro-vasculares, respiratorias, cáncer, y enfermedades infecciosas como el COVID 19; tal como se ha demostrado profusamente en investigaciones científicas. Sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México y Tula se estiman más de 14 mil muertes prematuras por PM2.5 provocadas por la termoeléctrica de Tula que funciona con combustóleo. Combustóleo significa muerte. Punto.
La decisión del gobierno conlleva por otro lado repudiar compromisos internacionales de México (que son ley suprema de la Nación) como el Acuerdo de París en materia de cambio climático; un verdadero estigma internacional. También, implica violar ostensiblemente la legislación nacional en términos de la Ley de Transición Energética y la Ley de Cambio Climático que obligan a generar el 35% de la electricidad con fuentes renovables o limpias para el 2024. Tendrá también implicaciones en tratados comerciales internacionales.
La decisión representa un atentado contra el estado de derecho y la confianza. Echa por tierra una capacidad de generación renovable de 28 proyectos por más de 4,500 MW y una inversión de más de 6 mil millones de dólares. Es otro golpe bajo a la economía nacional y al sector privado, nacional y extranjero. También, equivale a torpedear el perfil financiero de BANOBRAS, BANCOMEXT y NAFIN, así como del BID y del Banco Mundial, que han invertido o participado como organismos de crédito en muchos proyectos renovables. Esperemos una estampida de la inversión privada, y una oleada de litigios nacionales e internacionales contra el gobierno mexicano.
Estos actos ilegales y de devastación institucional y de políticas públicas, que se suman a una creciente cauda de ruinas y despojos dejados por el régimen, son razones adicionales para trabajar con mayor decisión en promover un bloque opositor para el 2021 capaz de recuperar el control de la Cámara de Diputados, y de convocar a la revocación de mandato para el 2022.
