La desaparición forzada en México es una realidad que atenta contra múltiples derechos humanos a través de la privación de la libertad. Una de sus principales características es que se trata de un delito que sucede a manos del Estado o con la complicidad del mismo. Este acto es un instrumento o estrategia de control estatal cuyo poder radica en el terror que pueden infundir en la ciudadanía.
Ley general en materia de desaparición forzada de personas
El 4 de febrero de 2019, se dio a conocer el Plan de Implementación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, iniciativa impulsada por diversos colectivos de familiares de desaparecidos, en conjunto con el Senado mediante un parlamento abierto. Al cierre de ese mismo año, primero de la gestión del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, se registraron 5,184 personas desaparecidas.
A poco más de un año de su implementación, en este foro llamado «El horror de la desaparición forzada» revisamos y discutimos con activistas y expertos en el tema lo que ha sucedido en diversas entidades federativas. La exsenadora de la República, Angélica de la Peña, señaló que «la ley es un referente de cómo deben trabajar los parlamentos abiertos en conjunto con la ciudadanía»; sin embargo, al momento de su implementación surgen distintas irregularidades.
Falta de transparencia en la información
Según los datos más recientes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación, de 2006 a 2019 se registraron 60,053 desapariciones forzadas, lo que representa 97.43% del total, dado que en años anteriores, hasta 1967, sólo se tiene el registro de 1,548, un porcentaje de 2.47%.
No hay manera de homologar o corroborar la información oficial. Así lo mencionó el defensor de derechos humanos y cofundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Jorge Verástegui: “se calcula una ausencia de más de 90,000 registros, pero no hay manera de comprobar la información porque la comisión no autorizó la publicación abierta de la base de datos”. La falta de registros responde a que «la gente no quiere aparecer, por miedo a las represalias, pero lo preocupante es la falta de transparencia de las fiscalías”, así lo mencionó Jérémy Renaux, subdirector de litigio estratégico en IDHEAS.
A esto se suma la manera de presentar los datos sólo como números, sin rostro. “No publicar nombres, es una afrenta para quitarles el carácter de personas a las víctimas”, comentó Consuelos Morales, Defensora de los derechos humanos y fundadora de CADHAC AC, organización que ha trabajado de cerca con familiares de las víctimas de desaparición forzada en Mexico, y en particular en el estado de Nuevo León.
La voluntad política no es suficiente
Los activistas apuestan por trabajar a nivel estatal ante la ausencia del tema en la agenda política del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Como mencionó Consuelo Morales “a esta administración no le interesa, entonces regresamos a los estados”. Una propuesta independiente que responde a la falta de transparencia por parte de las autoridades es la creación de un mapa interactivo. El objetivo es monitorear y registrar los datos por entidad federativa. Este esfuerzo es impulsado por IDHEAS como parte del observatorio ciudadano.
La existencia de una Ley y la conformación de una comisión federal no es suficiente, hace falta mayor entendimiento de los procesos. En palabras de Renaux “pareciera que la Comisión de Búsqueda aún no entiende que su papel es menos formal y no necesariamente llevará las misma reglas del Ministerio Público”. Los participantes del foro coincidieron en que no hay seguimiento a lo realizado en administraciones anteriores por parte de la comisión. Por ejemplo, en los protocolos de búsqueda de organizaciones civiles y colectivos derivados del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Regulación y esclarecimiento de los hechos
Desde su experiencia como litigador en Nayarit, Renaux está consciente de que la Ley ha sido clave, pero no es suficiente para cambiar la realidad. Sólo regula la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada pero no la investigación para esclarecer los hechos. Esto se debe a la negligencia y omisiones de las fiscalías. Hasta la fecha “no hay justicia, la impunidad alarga el sufrimiento de las familias. En 2019, de 600 denuncias, sólo se tipificó como desaparición forzada”.
Por otro lado, hay una falta de representación de quienes han vivido de cerca este delito, debido a convocatorias poco publicitadas o infiltración de trabajadores del gobierno en varias asociaciones civiles, lo que refleja la poca intención de avanzar en el tema. «A final de cuentas se trata de que las familias sean las que estén ahí, representando”, dijo Grace Hernández. El objetivo inmediato es evitar que el delito de desaparición forzada quede impune. «Si no hay justicia, ni articulación de un Estado de derecho, el mensaje que se envía es que se puede seguir perpetuando este delito y no pasa nada”, sentenció Angélica de la Peña.
Agenda ciudadana de Futuro 21
Conscientes de que existe una enorme desconfianza acumulada de los ciudadanos hacia los partidos políticos y las instituciones de gobierno, en Futuro 21 proponemos una agenda ciudadana basada en los foros que hemos realizado. El objetivo es inscribir estas temáticas en las agendas de los partidos a través de representantes electos en el próximo proceso de 2021. Dentro de los puntos que consideramos se encuentran: el derecho a la justicia, a la seguridad y el combate a la corrupción, los cuales se relacionan directamente con la desaparición forzada en México y las violaciones a los derechos humanos. Conoce las propuestas y compromisos de nuestra agenda ciudadana.
