El debido proceso penal es un derecho que garantiza el acceso a la justicia; actualmente hay reformas en el Congreso que lo afectan directamente, por ello, las analizamos en el foro «Debido proceso en México. Reformas que amenazan el sistema de justicia». Este espacio fue moderado por Angélica de la Peña y se contó con la participación de expertos como María Alejandra Ramos, Eduardo Molina, Rodolfo Félix Cárdenas y Ricardo Zinser Cruz, quienes platicaron sobre la necesidad de nuevas propuestas, las implicaciones en materia de derechos humanos y recapitularon el trabajo que ha costado tener el sistema actual.
Cambios acelerados fuera de un sistema a largo plazo
Los cambios no son en sí algo positivo o negativo, hay que revisar algunas otras reformas que parecen estar dando buenos resultados en cuanto a la accesibilidad a la justicia. Así lo ejemplificó la exsenadora Angélica de la Peña, «tenemos el caso de la reforma estructural de 2008 que logró los juicios orales y al tratarse de un cambio operativo grande, se le concedieron ocho años para comenzar a ver resultados concretos y madurar». Por su parte, Eduardo Molina, asesor parlamentario, comentó que dicha reforma aún necesita tiempo puesto que no se han visto los grandes cambios. «Hay una diferencia entre lo que hay escrito en la ley y lo que ocurre con los operadores».
Desde su perspectiva, existen dos tipos de legisladores: los que pretenden cambiar la realidad a partir de las iniciativas presentadas y los que pretenden revestir con apariencia de legalidad lo que se hace en la práctica. Esta reforma es una manera en la que el debido proceso se adapta a lo que ocurre en la realidad, aunque no sea el ideal o la meta; es aparentar una eficacia que no existe. Se quiere sustituir con una norma lo que debe hacer el Estado, según el exprocurador general de Justicia de la CDMX, Rodolfo Félix Cárdenas, se busca que las instituciones con sus faltas y deficiencias tengan una justificación para darle apariencia de legalidad a su incapacidad.
También estaríamos hablando de legisladores que tienen una visión sólo a seis años, lo que debería cambiar, porque no hay tiempo de maduración de un sistema y sus procesos, ya que mientras se hace la transición estructural a un cambio, se quieren imponer nuevos y se entorpece todo el proceso del sistema de justicia penal. Como en todo sistema estructural hay retos y resistencia al cambio, a veces por falta de conocimientos y a veces por falta de voluntad. En palabras de Angélica de la Peña, “en la Constitución está definido como un sistema acusatorio, adversarial, transparente y equilibrado de ambas partes, una definición que se tiene que defender”.
Violación a los derechos humanos en la reforma al sistema de justicia penal
Tanto el denunciante o demandante, como el imputado o acusado, son sujetos de derecho en un proceso penal, y se debe cuidar que los derechos de ambos sean respetados mientras se hace un litigio que encamine a la impartición de justicia y penalización y reparación de los daños, si es el caso. Dichos derechos, de acuerdo a la jueza de control en Chihuahua, María Andrade Ramos, «no están en pugna y se alcanzan cuando las autoridades respetan los procedimientos correspondientes, lo que en esta reforma no se ve».
Un ejemplo de ello es que que se propone en el sistema de justicia penal la figura del “denunciante anónimo”, que según el abogado litigante Ricardo Zinser Cruz, viola los derechos humanos como la presunción de inocencia, ya que da pie a que se fabriquen delitos al no haber una obligación, en el debido proceso, de dar a conocer el nombre del denunciante y crear la imposibilidad de armar una defensa. Como dijo Rodolfo Félix Cárdena, “se pueden inventar casos, es una forma incorporar una especie de policía secreta, un retroceso”.
Para que una persona enfrente un proceso penal privado de libertad tiene dos opciones: prisión preventiva y prisión preventiva justificada. En la reforma se quiere agregar la consideración de los antecedentes de faltas administrativas de las personas, lo cual sería “sancionar la condición de vida y querer imponer una moral”, según explicó el exprocurador de la CMDX.
En cuanto a las las medidas de protección, en la reforma se propone que la duración sea de hasta 180 días, ahora son 60 días prorrogables por otros 30, pero como argumentó la jueza María Alejandra Ramón, esto es una traba en cuanto a delitos relacionados con la violencia de género o delitos sexuales, donde, por lo regular la identidad de la persona generadora de violencia no es desconocida, entonces no hay que hacer una investigación, sino recabar los datos que ya existen, pero en caso de que un juez emita una protección a la víctima por 180 días, sólo se alarga más el inicio de un proceso penal y el imputado tiene más tiempo par armar su caso, cuando se debían resguardar los derechos de la víctima y no vulnerarla más.
Falta de autonomía y capacitación en las fiscalías estatales en la nueva reforma
El proceso de selección de cada fiscalía estatal lo convierte en algo político, puesto que es decisión de un gobernante, lo cual puede significar falta de transparencia y autonomía. Eso se refleja en la intención de la reforma de legitimar que los fiscales soliciten órdenes de cateo y aprehensiones en otros estados fuera de su jurisdicción, lo que según el exprocurador de la CDMX, Rodolfo Félix Cárdenas: “rompe el pacto federal”, en el cual cada estado tiene su propia jurisdicción. Además dicha propuesta delata la ineficiencia y la corrupción dentro del sistema, como la filtración de información desde las propias procuradurías.
Según Eduardo Molina se trata de una especie de contrarreforma. Al tener las mismas capacidades y deficiencias, este reconocimiento de la realidad, que no por serlo es lo correcto, se trata de un sistema de justicia como una herramienta usada con discreción política, sujeta a la voluntad del gobernado o presidente de la república.
Principales retos del sistema de justicia penal actual
Nos enfrentamos a la falta de presupuesto material y humano, según la jueza hay mucha responsabilidad por parte de la ciudadanía para hacer presión en los diputados, pues son «los representantes del pueblo, entonces hay que ser progresistas, no ir hacia atrás y retomar lo que está trabajado y avanzado, seguir el camino”.
De acuerdo a Eduardo Molina, se debe dar seguimiento a lo que ya existe, dejarlo madurar, porque hay un disociación de la realidad que se ven reflejadas en la reforma, el Ministerio Público no tiene capacidad real, donde se debe invertir más en la capacitación de los policías, al ser el primer contacto frente a un delito y crear una cultura de la investigación para perfeccionar los procesos periciales y aprovechar las nuevas tecnologías, sin dejar de avanzar sobre la línea que respeta los derechos humanos.
Agenda ciudadana de Futuro 21
En Futuro 21, consientes de la aproximación del proceso electoral de 2021 y la incidencia frente a los problemas actuales, impulsamos nuestra agenda ciudadana en temáticas que permean las políticas públicas. Este es el caso del derecho a la justicia a través de un debido proceso. Te invitamos a conocer nuestra agenda ciudadana y sumar esfuerzos.
