Contra la consulta para enjuiciar a funcionarios

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La consulta popular a la que convocó el presidente de la República y que se realizará el próximo 1º de agosto es una deformación de una valiosa figura de democracia directa pues es completamente innecesaria y no responde a la necesidad de un pronunciamiento popular que ya está fijado en la Constitución y en el ánimo ciudadano, sino a un aspaviento manipulador para fortalecer el proyecto autocrático de López Obrador.

El propósito de la consulta es poner a consideración de la ciudadanía una pregunta que redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para enmendar por improcedente la redacción original que se propuso desde la presidencia.

He aquí la pregunta que se quiere someter a consulta:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

La vaguedad de la pregunta banaliza el ejercicio democrático de consulta popular.

¿Por qué es una consulta innecesaria?

Como lo implica la pregunta misma la Constitución y las leyes no solamente garantizan, sino que obligan a que toda decisión tomada por funcionarios, ya sea en el pasado o en el presente, sea investigada y esclarecida en el caso de que existan dudas o sospechas fundadas en evidencia acerca de su ilegalidad y de que hayan perjudicado a particulares o a la sociedad en general. 

Cualquier acción de autoridad o funcionario que se haya dado en contra de la legalidad y en perjuicio de la nación puede y debe ser investigada por la autoridad respectiva. 

Si de verdad se quisiera proceder contra ello y contra otros funcionarios de los que se tenga prueba bastaría con proceder conforme a las disposiciones del Título Cuarto Constitucional que en sus artículos 108 a 114 establece las responsabilidades de los servidores públicos y de particulares que incurran en hechos de corrupción. Igualmente, las leyes que se derivan de la Constitución proporcionan las herramientas que permiten con toda amplitud el combate a la corrupción y a la impunidad.

Entonces, ¿Por qué consultar en vez de actuar? La razón es muy simple: el presidente se hace cómplice de la impunidad al omitir las acciones a que su encargo le obliga. El tiempo lo dirá, pero seguramente veremos cómo la inacción se mantiene con independencia de lo que se conteste a esta consulta que no es, por las razones expuestas, más que una farsa más que distorsiona el sentido de las consultas populares, desfigura la verdadera voluntad de los mexicanos de que las autoridades actúen desde ya contra la corrupción y la impunidad y para evadir sus responsabilidades.

F21 hace un respetuoso llamado a la ciudadanía para que exijamos al presidente de la República y a la FGR que, en el caso de que cuenten ambas instituciones con información y evidencias de delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus facultades, actúen en consecuencia, y ello al margen de consultas absurdas. 

Demandamos al presidente López Obrador que deje de solapar la corrupción y haga uso de sus responsabilidades y facultades para presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente. Lo mismo en el caso de exfuncionarios, de funcionarios y de delincuentes integrantes del crimen organizado.

En vez de gastar 528 millones de pesos en una consulta amañada podrían destinarse esos recursos a comprar las medicinas para los niños con cáncer que por negligencia de las autoridades no hay en México.

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