¡Alerta! Sobre consulta de la propiedad privada

propiedad privada congreso cdmx

Se somete a consulta popular hasta el próximo 18 de julio una iniciativa de diputados de Morena en CDMX que atenta gravemente contra el derecho fundamental a la propiedad privada. Ello con el falaz pretexto de que son éstos, y no el Estado, los que deben garantizar el derecho a la vivienda de las personas. Les comparto mis comentarios.

La iniciativa es de las diputadas Marta Ávila y Valentina Batres y pretende modificar diversas disposiciones del Código Civil local en materia de arrendamiento: “PARA GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA FRENTE A LA PANDEMIA”.

Esto es una violación grave al derecho fundamental de propiedad de los gobernados.

Es el Estado, en este caso el gobierno de la CDMX, el que está obligado a respetar y garantizar los derechos de los gobernados como la vivienda NO TERCEROS PARTICULARES QUE ARRIENDEN SUS INMUEBLES PARA ESA VIVIENDA.

Entre los puntos más preocupantes de la iniciativa están los siguientes:

1. El arrendamiento (cualquiera que sea el nombre que se le dé) es para cumplir con el derecho humano a la vivienda y la contraprestación ahora se llama rédito.

2. Cualquier ocupación consentida de un inmueble a cambio de una “remuneración en dinero o en especie se presume arrendamiento”, aún cuando las partes le den “oralmente o por escrito un nombre diferente”.

3. Se sujeta cualquier arrendamiento a un plazo mínimo de tres años.

4. Se prohíbe pedir más de un mes de renta adelantada y sólo se autoriza pedir un mes de depósito.

5. Si el contrato es oral se presume el arrendamiento si se dan los supuestos del punto 2, hay acción para reclamar el desalojo pero para el dictado de sentencia hay que formalizar por escrito el arrendamiento. La ausencia de contrato escrito impedirá que pueda hacerse un desalojo aún por incumplimiento de pago de renta hasta que no se subsane dicha “formalidad”.

6. Para que proceda el desalojo se debe notificar al inquilino con 2 meses de anticipación a la diligencia.

7. Ningún desalojo podrá llevarse a cabo “sin la presencia de personal que brinde asistencia psicosocial (sic) o de cualquier otro carácter” cuando haya involucradas “personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, embarazadas, personas indígenas, inmigrantes, personas en asentamientos informales, niñas y niños u “otros grupos que así lo requieran”.

8. Dispone que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que es claramente retroactivo al aplicarse a contratos firmados y vigentes.

Recordemos además que según la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) en vigor a partir de enero de este año, para que el juez dicte sentencia en juicios de arrendamiento debe requerir antes al arrendador para que exhiba los correspondientes CFDI.

En mi opinión, al ser el arrendamiento en cuestión, es decir el de vivienda, un contrato civil no es procedente que el tema se someta a una consulta pública (como la que ya está en internet) promovida por el Legislativo de la CDMX y que concluye el próximo sábado 18 de julio.

Los derechos fundamentales como el de propiedad y el derecho de uso y disposición de la misma: ¿acaso pueden ser objeto de votación pública?

Además esto va en contra de la teoría de las obligaciones e introduce “conceptos” públicos en un acto jurídico de derecho privado. La obligación de garantizar el derecho a la vivienda corresponde al Estado y no a los particulares.

Ciudad de México a 13 de julio de 2020

Ver publicación original de Diana Bernal L. en LinkedIn

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